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CORRUPCIÓN DE ODEBRECHT GENERA ATRASOS EN EL PERÚ

Los actos de corrupción de la constructora brasilera Odebrecht que reconoció el pago de 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos, para adjudicarse obras públicas entre 2005 y el 2014, años que gobernaron Alejandro Toledo (2001-06), Alan García (2006-11) y Ollanta Humala (2011-16), genera desconfianza en los mercados internacionales.

No solamente esto, sino también el trabajo que viene realizando el gobierno para cumplir el plan bicentenario rumbo al 2021 y las reformas de la modernización del estado que hoy es una necesidad, debido que Perú es uno de los países de Latinoamérica con menos índices de legitimidad institucional.

La población peruana se declara insatisfecha con la democracia, el sistema político y sus instituciones como es el poder legislativo, judicial y ejecutivo. Todos sabemos que uno de los principales problemas del país, es el cáncer de la corrupción.

Este mal de la corruptela, viene desde la época del virreinato hasta nuestros días, por lo tanto el Gobierno, así como los órganos constitucionales como la Contraloría General de la Republica y el Ministerio Publico tienen  que trabajar en forma impecable, para prevenirla y combatirla.

El perjuicio al estado peruano por actos de corrupción anualmente es aproximadamente de 15,000 millones de soles anuales. En cuanto a los 23 proyectos donde participó Odebrecht, con 16,940 millones de dólares involucrados, se revisaron 16 proyectos donde se comprometían 11,271 millones y luego de las labores de control, se determinó un presunto perjuicio económico por 283 millones de dólares, sostuvo la CGR.

Tres funcionarios públicos son los primeros señalados por la empresa brasileña al Ministerio Público que salen a la luz. Los prófugos Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones durante el segundo Gobierno de Alan García, su novia Jessica Tejada  y los capturados Edwin Luyo,   ex miembro del Comité de Licitación de la Línea 1 del Metro de Lima y Miguel Navarro,   exfuncionario del Ministerio de Transportes.

Sin embargo, el pueblo peruano espera que no solamente caigan funcionarios de confianza de segunda categoría del Gobierno aprista, sino los responsables que dieron las ordenes a ellos y quienes los nombraron. Si queremos combatir la corrupción, debemos ser drásticos y sancionar en forma ejemplar a los corruptos con penas efectivas. Caiga quien caiga.

La modernización del Estado que quiere emprender el Gobierno Peruano, en materia de gobierno digital, abierto, el cual es el conjunto de transformaciones, innovaciones tecnológicas, políticas e institucionales, el mejorar la capacidad del Estado para responder de manera oportuna, eficaz y eficiente a las necesidades de la ciudadanía.

Para el BID la gestión pública es considerada como un área prioritaria de acción para el desarrollo de los países de manera sostenible y equitativa, la cual depende de la calidad y eficiencia de las políticas públicas bien ejecutadas. Debemos trabajar en forma conjunta y ejemplar para combatir la corrupción.

Por: Jorge Apolitano Rodríguez









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