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PROPONEN OBLIGATORIEDAD A LOCALES COMERCIALES DE INSTALAR CÁMARAS PARA COMBATIR DELINCUENCIA

Gracias a las cámaras de vigilancia de la casa de juegos “Apuestas Total”, ubicada en la intersección de las avenidas 9 de Octubre y América Norte, quedó evidencia contundente para juzgar a dos de los tres delincuentes (uno abatido a tiros) que cometieron un asalto a mano armada el último 3 de julio.

Ante ello, el aspirante a la alcaldía  de Trujillo, Luis Carlos Santa María Mecq, instó a la municipalidad provincial a disponer la obligatoriedad de instalación de sistemas de video vigilancia en los establecimientos de actividades comerciales, artesanales, industriales y de servicios, como requisito previo para la obtención de su respectiva licencia de funcionamiento, con el objetivo de combatir la creciente inseguridad ciudadana

El exregidor de Trujillo señaló que en el 2014,  presentó el “Proyecto de ordenanza municipal que dispone la aplicación de medidas preventivas y disuasivas para el afianzamiento de la Seguridad Ciudadana en Trujillo”, el cual regulaba el procedimiento para que todo establecimiento cuyo giro se encuentre contemplado en el artículo 17° de la Ordenanza Municipal N° 31-2013-MPT, tales como: farmacias, bodegas, restaurantes, galerías, casas de cambio, entre otros, instalen un número determinado de cámaras según los ambientes y aforo de cada local.

 “La ordenanza que propuse en el 2014, fue derivada a alguna gerencia de la municipalidad cuando Gloria Montenegro asumió la alcaldía, pero lamentablemente por desidia o mezquindad política quedó relegada sin que se hiciera la evaluación debida, ya que nunca fue elevada a la comisión de regidores respectiva y menos al pleno de concejo municipal para su aprobación. Esta iniciativa recogía la exitosa experiencia de otros municipios en Lima,  en los que ya viene dando resultados favorables”, dijo.

 El referido proyecto incluía además de la obligatoriedad de instalación de un sistema de video vigilancia, la implementación de un plan de seguridad ciudadana y la capacitación en temas de seguridad a los responsables de dichos locales, quienes debían contar con una cartilla de protocolo de actuación ante la ocurrencia de un hecho delictivo, con el fin de minimizar las consecuencias de pérdida de vidas y económicas. Dicho documento debía ser elaborado por la gerencia de seguridad ciudadana de la municipalidad con el asesoramiento de la Policía Nacional del Perú (PNP).

“En Trujillo los negocios que cuentan con cámaras es por propia iniciativa y no por un requerimiento municipal, por ello la obligatoriedad que propuse en su momento buscaba, además, que en algún momento la tecnología permitiera tener esas cámaras interconectadas a una central de monitoreo de seguridad ciudadana y de esta manera los agentes de serenazgo en trabajo conjunto con la policía intervengan en tiempo inmediato cualquier registro de hechos delictivos”, señaló.

En la misma línea, comentó que la exigencia de la instalación de cámaras de video vigilancia en los locales comerciales es muy necesaria ante el incremento de asaltos a mano armada, incluso a plena luz del día, pues estos dispositivos sirven como medios disuasivos y, en el peor de los casos de concretarse el robo, las imágenes que quedan registradas contribuyen a las investigaciones policiales para identificar a los delincuentes y que estos sean sometidos a la justicia.

Santa María mencionó algunos detalles de la propuesta que presentó, como que las cámaras de video vigilancia a instalarse cuenten con una capacidad de grabación de por lo menos 48 horas, la ubicación de las mismas, tanto para los establecimientos que atiendan o no al público.

Además, que los responsables de estos negocios guardaran una copia de las imágenes registradas por un lapso de 60 días calendarios, poner las mismas a disposición de la PNP y el municipio; y de contarse con la tecnología y capacidad requerida, permitir a la municipalidad la interconexión de los dispositivos a la central de monitoreo.

Asimismo, este plan de seguridad ciudadana debería considerar la identificación de las distintas modalidades de actos delictivos para incorporar medidas de seguridad, alerta y protección a las posibles víctimas. Para tal fin, se debía establecer el procedimiento de actuación antes, durante y después de la comisión de un hecho.

La propuesta también consideraba la fiscalización permanente por parte del municipio y de incumplirse la disposición se establecía sanciones del 5 % al 20 % de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) hasta la clausura temporal del local.








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