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NECESITAMOS UNA POLÍTICA PÚBLICA JUDICIAL EN EL PAÍS

En opiniones anteriores me he referido a la necesidad de que en nuestros países asumamos el reto de desarrollar una reforma integral al sistema de justicia. Me refería a una política pública en materia judicial que, en esta ocasión, volveré a profundizar con el fin de generar corriente de opinión a su favor.

Analizar y realizar prospectiva respecto a la justicia y la implementación de medidas desde un enfoque de política pública, implica la adopción de un conjunto de decisiones y de acciones coherentes desde las instancias gubernamentales (en sus distintos niveles), la sociedad civil y las entidades privadas, a fin de resolver el problema de la crisis judicial que, como lo registra la historia judicial, es estructural y arrastramos todos desde la fundación de nuestras Repúblicas.
Es un proceso de corto mediano y largo plazo, como veremos en sus fases, en el que un análisis permanente de las interacciones entre actores públicos y privados (antes mencionados), un análisis en términos de problemas públicos y uno comparativo con otros servicios del Estado (educación, salud y otros), nos lleven a establecer estructuralmente las fases de toma de decisiones y a la definición de procedimientos para atender las diferentes expresiones de la crisis, en este caso en lo judicial.

"Agendación" es la primera fase y en su desarrollo el "problema público" llamado “crisis judicial”, al ser de necesidad nacional su atención, debe ser traducido en compromisos concretos  de los diversos sectores concernidos (públicos y no públicos - incluidos los sectores “vivos” del país) a través de liderazgos visibles, en una relación de coordinación y cooperación pero jamás de imposiciones. La agendación ayuda a avanzar hasta el inicio del proceso que demanda la población.

"Programación" es la fase que implica la ponderación de los compromisos asumidos, en la agendación, con las bases jurídicas existentes y los objetivos definidos, los instrumentos de intervención y las modalidades operativas para una acción estatal coherente. En este periodo, los sectores sociales deben aportar constructivamente a través de canales plurales e inclusivos permanentes y persistentes. No se puede hablar de política pública sin participación social efectiva.

La "implementación" permite evaluar el conjunto de procesos que, tras la programación, buscan la realización concreta de los objetivos definidos, en base a las competencias de los actores concernidos, procedimientos y recursos programados. Este último elemento, que tiene que ver con el financiamiento, es crucial para avanzar en el proceso de cualquier política pública.

"Evaluación" es la última fase y en ella se valoran los resultados y efectos de la intervención de cada institución y actor relevante. Mide cambios de conducta de los grupos-objetivo que generan la crisis judicial y su grado de resolución.

En cada una de estas fases, como se aprecia, resultan claves los actores intervinientes, los recursos asignados, las reglas institucionales que regulan sus actos, así como el contenido del problema a solucionar. De ese modo, cada medida o producto que se genere en el curso de una política pública expresará intereses, posiciones, obstáculos y oportunidades, todos "negociables" si la acción del Estado es integral, que implica una agendación y evaluación política pero una programación e implementación eminentemente técnica.
Estamos planteando entonces una metodología -no lineal- que las ciencias sociales y la ciencia política, desde hace buen tiempo, ofrecen para un buen gobierno y mejor gestión, para abordar integralmente el problema de la crisis estructural de nuestros sistemas de justicia.

En ese sentido, corresponde mirar con mayor atención y de modo informado, y emitir opinión sobre si los cambios judiciales que nuestros gobiernos, a través de sus “Poderes” u “Órganos”, están promoviendo se ajustan a un proceso integral de reforma, o se trata de un intento más de medidas de emergencia coyunturales y cosméticas empujadas por algún escándalo u otra forma de presión social, o si a lo mejor estamos asistiendo a la “refundación de la justicia” que algunos demagogos siguen enarbolando como la gran “revolución judicial” gracias a la lenidad mayoritaria de las ONGs la prensa la universidad y la cooperación internacional y la ignorancia indiferencia y comodidad de sectores de decisión de nuestras sociedades.

Apostar y exigir una política pública en materia judicial, que es lo mismo que una reforma integral del sistema de justicia, es lo más sensato y conveniente para cualquier Pueblo en todo tiempo. En muchos países hay condiciones para su inicio y desarrollo, pero lo que falta es verdadera voluntad de la “clase política” y económica; debido a intereses mezquinos y ligados a la corrupción. Importa en todo caso que, desde lo social, hay mayor conciencia de esta necesidad y estoy seguro tendrá repercusiones en las urnas.

Por: Eddie Cóndor Chuquiruna



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